Ruta 3: AUSUR amenazó al Municipio con acciones legales por la apertura del Bypass
La semana pasada, un funcionario que dijo ser de Vialidad Nacional, impidió que el Municipio llevara adelante la apertura de una calle que evitaría a los vecinos de la zona el pago del peaje. Ahora la empresa concesionaria envió una Carta Documento advirtiendo que la Comuna no cuenta con los permisos necesarios.
La polémica entre el Municipio, Vialidad Nacional y la concesionaria AUSUR por el peaje del kilómetro 74 de la Ruta Nacional 3, sumó un nuevo capítulo. La empresa encargada del peaje le envió a la Comuna una Carta Documento amenazando con acciones legales si persiste en el intento de abrir un camino alternativo que permitiría a los vecinos evitar la casilla de cobro.
La notificación legal fue enviada el 25 de abril, un día después de que el Municipio intentara llevar adelante las tareas, interrumpidas por un presunto funcionario que -según dijo la Comuna- se identificó como ingeniero de Vialidad Nacional.
En la Carta Documento, AUSUR reconoce que las tareas fueron impedidas, aunque no deja claro si por medio de personal de Vialidad o de la misma concesionaria.
Según dijeron, pusieron en conocimiento del equipo municipal a cargo del Sr. Horacio Rodríguez Maine (sic., quisieron decir Roberto Fernández Meire) «que no pueden continuar los trabajos in situ, y se le informan los procedimientos previos que deben cumplir para la realización de cualquier tarea en zona de camino«.
«Cualquier tipo de obra o incursión que se realice en el corredor vial debe contar con la correspondiente autorización previa de la Dirección Nacional de Vialidad«, asegura la Carta Documento firmada por Rolando Antonio Sette.
AUSUR intimó al Municipio a que «depongan si actitud de realizar obras sin previa autorización de la Dirección Nacional de Vialidad«, amenazando con «accionar judicialmente por los daños y perjuicios ocasionados», cierra la Carta.
La posición de la empresa contradice las declaraciones que un vocero no identificado de Vialidad realizó en el periódico El Ciudadano, asegurando que el Municipio contaba con las facultades legales para abrir el camino tal como reclaman los vecinos.
