El Concejo aprobó la tercerización del cobro de deudas
Por mayoría, el HCD convalidó la licitación realizada por el Municipio en la que como único oferente se presentó la consultora GEMU. Cambiemos votó en contra, argumentando la falta antecedentes y un posible conflicto de intereses, ya que su titular fue funcionario de Arrieta en el Ministerio de Asuntos Agrarios. Desde el oficialismo dijeron que se trata de una posición electoralista: “son fuegos artificiales”.
En el marco de una Sesión Extraordinaria, el Concejo Deliberante convalidó este miércoles la licitación municipal N° 2/2017 que otorga a la consultora GEMU la gestión de cobro de las deudas correspondientes a tasas municipales por un plazo de cinco meses, a cambio de una comisión.
Con esta medida, el Ejecutivo busca un “equilibrio fiscal” –según explicaron los concejales oficialistas- y que “cierren los números” ante una caída en la recaudación municipal, que adjudicaron a la recesión actual. El expediente debió ser aprobado por el Concejo en virtud de que se presentó un único oferente.
Claro que el tratamiento del tema no estuvo exento de polémica e incluso disparó varios cruces subidos de tono. El bloque de Cambiemos –que la semana pasada se había retirado de la sesión dejando las comisiones sin quórum con el argumento de que el oficialismo quería aprobar este tema a las apuradas- hizo varias objeciones a la licitación y pidió que la misma sea rechazada.
La principal observación fue una “sospecha de connivencia y posible conflicto de intereses” (según las palabras de concejal Carlos Álvarez) debido a que el contador Sergio Javier Etchetto –titular de la consultora GEMU- cumplió funciones en el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, mientras el titular del mismo fue el intendente en uso de licencia y diputado Gustavo Arrieta. Lo mismo ocurre con el abogado Germán Giarrocco y el ingeniero en sistemas Leandro Van der Wilt, que también trabajaron en el Ministerio bajo las órdenes de Arrieta.
“La relación laboral preexistente entre Arrieta y los titulares de la consultora para nosotros son motivo para que el Municipio rechace el pliego”, aseguró Álvarez.
Sin embargo, esa no fue la única observación de Cambiemos, quien objetó que ni Etchetto ni su consultora pudieron comprobar antecedentes ni experiencia en el rubro (mediante la presentación de certificaciones de servicios), y que además hubo errores en la publicación de los pliegos de licitación en el Boletín Oficial y el semanario local, que impidieron la participación de oferentes locales.
La respuesta oficial
Desde el oficialismo desestimaron cada una de las observaciones de Cambiemos, y acusaron al bloque macrista de hacer un aprovechamiento electoral del tema.
La concejal Romina Marques Antunes fue la voz cantante en el bloque del FPV. Aseguró que el circuito licitatorio fue válido, y que los distintos pasos del expediente fueron certificados por personal de carrera municipal, como la titular del área de Asuntos Legales Susana Giuliano. Y descartó cualquier conflicto de intereses: “Es verdad que Etchetto fue empleado en el Ministerio de Asuntos Agrarios, pero por un período mayor al que fue ministro Arrieta. Además, quien hoy administra los recursos municipales es Marisa Fassi”, afirmó la edil.
En otros momentos del debate en que la oposición volvió sobre el tema, los concejales del oficialismo los invitaron a realizar las denuncias correspondientes en la Justicia, asegurando que el cuerpo legislativo no era el ámbito correspondiente a ese tipo de planteos.
Antunes defendió además la “capacidad y antecedentes” del oferente y aseguró que la Declaración Jurada presentada por Etchetto en el Expediente se ajusta a lo exigido en el pliego de la licitación. Y aseguró que la postura de Cambiemos era únicamente política:
“Es necesario desenmascarar que el propósito de las objeciones a las particularidades técnicas es político. El objetivo de esta medida es lograr el equilibrio fiscal, el inconveniente de Cambiemos es que al Ejecutivo le cierren los números”, aseguró.
Cruces
Durante casi tres horas, los concejales se enmarañaron en consideraciones técnicas y políticas sobre el expediente licitatorio. El Frente Renovador (sin la presencia de la concejal Ayelén Rasquetti) fue quien definió la votación a favor del oficialismo, aunque con algunas críticas.
“Esta licitación no debió haber existido, es evidente que hubo errores de gestión para llegar a este punto, después de nueve años de gestión no pueden decir que no hay personal idóneo para el cobro de tasas adeudadas”, criticó el presidente del bloque, Leonel Vázquez, al tiempo que pidió que una vez cumplido el plazo de cinco meses, no se continúe con esta empresa sino que se llame a una nueva licitación “haciendo las modificaciones necesarias para que los profesionales locales puedan participar”.
En la sesión, se encontraban presentes algunos miembros de la Asociación de Abogados, entre ellos su presidente, Gisela Miraglia.
La posición del FR disparó críticas desde el bloque Cambiemos: “Entiendo que el FPV deba responder al Ejecutivo, pero no entiendo la posición del Frente Renovador, ¿cómo le van a explicar a la gente que votaron eso?”, disparó el presidente del bloque Cambiemos Santiago Mac Goey.
Álvarez fue todavía más punzante: “En todo este tiempo hemos tratado 291 proyectos, y en todos el FR votó igual que el FPV. Votaron los presupuestos, las rendiciones y los aumentos de tasas. A nosotros no nos tienen que explicar la posición política que tomaron, porque no tenemos dudas”, chicaneó.
Sobre el final de la sesión, Rodrigo Ruete fue duro con Cambiemos: “A nosotros no nos corresponde opinar sobre las cuestiones técnicas del pliego, este debate está fuera de foco. Según la Ley Orgánica, nuestra función es evaluar la conveniencia. Todo lo demás son fuegos de artificio”, dijo el concejal del FPV.
Hugo Castagneris terminó de cerrar la posición oficial: “Si tienen alguna duda sobre una posible connivencia, vayan a la Justicia. Vienen acá a hablar de supuestas incompatibilidades y defienden a un presidente que le perdonó a su propia familia una deuda de 70 mil millones. Vayan a la Justicia como corresponde y nosotros los acompañamos”, dijo.
La votación resultó a favor del proyecto por 10 votos a 7, y en consecuencia desde el 1 de agosto entrará en vigencia el sistema de cobro tercerizado.
