Violencia, amenazas y angustia: se agrava la situación de la toma en el barrio La Unión

Ya se cumplió un mes desde la usurpación ilegal de terrenos a la vera del arroyo La Montañeta. Ante la inacción de la justicia, los vecinos recurrieron a los concejales, lo que agravó aún más la convivencia con los usurpadores. Hubo golpes, disparos y amenazas de muerte.

Cansados de esperar que la Justicia tome alguna resolución, un grupo de vecinos del barrio La Unión se presentó el lunes por la noche en la sede del Concejo Deliberante, para reclamar la intervención de los ediles ante la desesperante situación que aseguran vivir desde que hace un mes se realizó a la vera del arroyo La Montañeta una toma organizada de terrenos.

Desde entonces, contaron los vecinos, son víctimas de permanentes agresiones y amenazas por parte de los ocupas, que reclaman que sean retiradas las denuncias y dejen de circular por la zona los móviles policiales.

La intervención de los concejales logró que el martes pudiera llevarse a cabo una reunión con la policía, en presencia de varios concejales. Además de los conflictos por la toma, en ese encuentro también se habrían deslizado nombres de posibles cómplices políticos, tanto con la toma como con situaciones de venta de drogas en el barrio, algo que la Justicia debería investigar de inmediato.

El miércoles al mediodía, una decena de vecinos fueron recibidos por la fiscal Norma Pippo, junto con el intendente Gustavo Arrieta y los concejales Malena Reimer (FPV), Elisabet Romero (Cambiemos) y Leonel Fangio (Frente Renovador). También participaron del encuentro el jefe de la Policía Claudio Filito y otros jefes policiales.

Según algunas versiones, la respuesta de la fiscal fue pobre: dijo que la causa está avanzando y explicó las dificultades de una intervención de esta naturaleza. Y apeló a que la demarcación del camino de Sirga del arroyo La Montañeta puede acelerar una resolución, en caso de que se compruebe que se trata de una causa federal, con competencia del juzgado de Morón. Para algunos de los presentes, fue patear la pelota a otro campo.

Pero ese mismo día la situación se agravó. Ya que a los usurpadores les llegó la información sobre las reuniones, a pesar de que todos se habían comprometido a mantenerlas en estricto secreto. La filtración (no se sabe de dónde) incrementó aún más el temor de los vecinos del barrio.

A raíz de esto, en horas de la tarde, las situaciones de violencia se repitieron: otros vecinos fueron golpeados por los usurpadores, que volvieron a amenazarlos si persistían reclamando ante las autoridades. Incluso circularon versiones sobre disparos con armas de fuego de carácter intimidatorio.

La sesión del Concejo del miércoles debió interrumpirse cuando los damnificados se acercaron para volver a plantear esta situación. Hablaron con el presidente del cuerpo Maximiliano Mazzanti y el concejal de Cambiemos Carlos Álvarez, que luego transmitieron la situación al resto de los concejales, aunque volvieron a transmitir el pedido de reserva de los propios vecinos, por temor a nuevas represalias.

Entrada la noche, también el propio intendente Arrieta tomó cartas en el asunto, y se hizo presente en la Comisaría, desde donde se ordenó una guardia policial permanente en el lugar hasta tanto la situación pueda resolverse.

“Creo que nos vamos todos mal. Es intrascendente todo lo que hacemos y debatimos ante la situación generada en el barrio La Unión. Solidaridad con los vecinos agredidos. Necesitamos compromiso de todos los actores; así como estamos esto termina de la peor manera”, escribió en su cuenta de Facebook el concejal Leonel Fangio al término de la sesión de anoche.

¿Quién está detrás de la toma? ¿Por qué hubo tanta pasividad por parte de la policía y la justicia mientras los terrenos eran tomados? ¿Hay -como insinuó el propio Arrieta- una intencionalidad política en este tema? ¿Quienes son responsables por las amenazas? ¿A quién le compete encontrar una solución?

Son preguntas, que -increíblemente- a un mes de la ocupación aún no tienen respuesta.