Inédito operativo policial para “cuidar” a los detenidos por la masacre de San Miguel del Monte
La policía montó una guardia sin precedentes, obstaculizando la circulación de vehículos y personas hasta a 200 metros de la fiscalía donde deben declarar los imputados en el caso del cuádruple homicidio agravado. ¿Es legal semejante cobertura?
La Fiscalía 1 de Cañuelas, en San Martín al 400, parece este martes zona de guerra. Como ya ocurrió el pasado sábado 25, nadie puede acercarse a menos de 100 metros. Un despliegue policial sin precedentes lo impide.
¿El motivo? Difícil de comprender, o no tanto. Hoy deben declarar cuatro efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires y el secretario de Seguridad de San Miguel del Monte, que fueron apresados el fin de semana por la muerte de cuatro jóvenes tras una persecución a tiros y choque en esa localidad bonaerense.
Se trata del funcionario comunal Claudio Martínez, el teniente Ángel Héctor, el oficial inspector José Manuel Durán, la oficial subayudante Nadia Genaro y el subcomisario Franco Micucci.
Lo curioso del operativo es el intenso despliegue: al menos cinco patrulleros dispuestos a modo de “reten” en calles adyacentes (Lara, Brandsen, San Martín) cada uno con al menos cuatro efectivos de la policía. A eso debe sumarse el personal de infantería y del GAD, con móviles incluidos. En total, alrededor de 50 policías y 10 móviles para “cuidar” la declaración de sus compañeros de fuerza.
El sábado, incluso, las fuerzas policiales impidieron el ingreso a la zona de los medios de prensa, en una clara violación a la ley, ya que no existe ningún caso de excepción –ni siquiera el Estado de Sitio– que autorice a un juez, fiscal o fuerza policial a impedir la circulación y permanencia en la vía pública de un periodista acreditado (Ley 12.908 Art.13).
El “argumento” para semejante despliegue (que nadie sabe quién autorizó), es prevenir disturbios. El verdadero motivo: cuidar a los policías investigados, un privilegio con que no suelen contar los ciudadanos comunes.
