Molino Cañuelas responde a las acusaciones y multa millonaria.
En medio de la «guerra» contra la inflación y las acusaciones presidenciales contra las empresas por ser responsables de las constantes subas de precios, el Gobierno acaba de imponer una dura sanción a una de las principales productoras de alimentos del país por «cartelización».
Se trata de Molino Cañuelas, que llegó a producir más de 600 marcas como Pureza; 9 de Oro; San Agustín; Mamá Cocina; Paseo y Florencia; participa en las categorías de productos de aceite vegetal, harina, bizcochos, galletas y crackers, premezclado y pan rallado y llegó a facturar alrededor de u$s2.000 millones por año.
El organismo oficial que dirige Roberto Feletti “basa su acusación” en una investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), llevada a cabo entre el 2014 y el 2017 y en la cual se asegura que la compañía de la familia Navilli y otras firmas del sector agroalimenticio conspiraron para encarar un proceso de cartelización para la fijación de precios mínimos e intercambio de información sensible en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina durante esos años.
A partir de este informe, se acaba de aplicar una multa de $450 millones a las compañías involucradas en el marco de la Resolución 332/2022 firmada por Feletti y publicada en la edición de este martes 5 de abril del Boletín Oficial.
Las multas se reparten en $150 millones a Molino Cañuelas; otros $150 millones a la Federación Argentina de la Industria Molinera; $93.9 millones a la Cámara de Industriales Molineros y $51.1 millones a la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras.
En el día de la fecha la empresa local respondió a la acusación mediante el siguiente comunicado:
Molino Cañuelas rechaza por falta de sustento e ilegal la Resolución dictada por la Secretaria de Comercio Interior, a instancia de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (“CNDC”) por la cual se impone una multa a la Empresa y a otras entidades del sector molinero.
La denuncia tiene su origen en 2015 y se formula por un acuerdo sectorial que nunca se aplicó, el cual tenía como finalidad evitar que las grandes empresas vendan por debajo del costo de producción en perjuicio de las pequeñas empresas con menor capacidad financiera.
La multa impuesta resulta ilegal por infundada, irracional y exorbitante, ya que se basa en un acuerdo que nunca se aplicó, y toma como base de imposición los supuestos beneficios que habría recibido MC por dicho acuerdo.
La sanción recae sobre FAIM, la industria molinera en general, y en MC en particular, lo que resulta llamativo teniendo en cuenta que MC no tiene por si sola la facultad de decisión (más de 70 molinos con un régimen de voto individual en la comisión directiva), al igual que sorprendió que la resolución se dictó luego de más de 7 años en donde se aportaron todas las pruebas que fundamentan nuestra posición.
MC interpondrá los recursos judiciales correspondientes con la convicción de que la multa será revocada, en la medida que, entre otras cuestiones, ni siquiera existió la aplicación del acuerdo que se pretende sancionar.
