Lucha contra la fuga de capitales.
El 1 de enero de 2023 entró en vigencia el acuerdo de intercambio de información fiscal sobre cuentas de argentinos no declaradas en Estados Unidos (EEUU).
El Estado argentino podría recaudar 5.000 millones de dólares fugados por año, un objetivo acorde a la búsqueda del Gobierno para reforzar las reservas del BCRA.
Así lo anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, previo a firmar el convenio junto al embajador estadounidense, Marc Stanley. La oficialización del trato intergubernamental tuvo lugar el 5 de diciembre de 2022, con la participación de ambos funcionarios.
A partir de la activación del acuerdo, EEUU aportará datos sobre movimientos de cuentas individuales pertenecientes a ciudadanos argentinos, como también de sociedades de las que sean beneficiarios.
Para eso, el Servicio Interno de Impuestos (IRS) del país del norte proveerá la información existente desde el 30 de septiembre de 2021. Es decir que en esa fecha de cada año, el IRS enviará la información reunida correspondiente al año anterior.
Cómo funcionará el acuerdo fiscal con Estados Unidos
EE.UU es el destino con mayor cantidad de dinero no declarado de argentinos. Ahora, Argentina figura en el Tesoro de Estados Unidos como uno de los 114 países con los que existen acuerdos intergubernamentales.
Según estimaciones de la AFIP, el intercambio fiscal le permitiría a Argentina reconocer cuentas por un total cercano a 100 mil millones de dólares. Con esa información, el Estado argentino podría recaudar cerca de 5.000 millones de dólares anuales en concepto de Bienes Personales, Ganancias y otras percepciones.
Para ello, las entidades financieras estadounidenses deberán identificar, clasificar y reportar todas aquellas cuentas de clientes que tengan obligaciones fiscales en el país.
Esto será posible dado que se trata de una norma federal, por lo que los bancos o sujetos que no cumplan con esta obligación enfrentarán sanciones y retenciones. Según aclaró Massa, los bancos argentinos también tendrán obligación de aportar información requerida por autoridades de EEUU.
El tratado se inscribe en el marco de la ley 24.080, con instrumentos bilaterales que «no requieren aprobación legislativa».
