La Justicia puso la lupa en el cobro de una tasa por seguridad
La Corte Suprema de Justicia bonaerense analiza una presentación realizada por un abogado de Tandil, e incluso dictó una cautelar para que en dicho municipio se suspenda el cobro de una contribución local para Seguridad. El planteo asegura que la financiación es exclusiva del gobierno provincial, y pide que el cobro de gravámenes municipales sea declarado inconstitucional.
La presentación de un abogado tandilense contra el cobro de una tasa municipal de Seguridad, puede poner en jaque las finanzas de los muchos municipios bonaerenses que cobran adicionales para colaborar con la prestación del servicio policial, entre ellos Cañuelas.
Sebastián Romay, abogado vinculado al Frente Renovador de Tandil, presentó una acción de Amparo ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, exigiendo que se suspenda el cobro de la misma en su municipio, con el argumento de que la misma es inconstitucional.
“La seguridad es un atributo constitucional de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. No es atributo de la Municipalidad generar una tasa específicamente para el tema de seguridad”, aseguró Romay al diario La voz de Tandil, reclamando además que los recursos que ya se cobraron sean reintegrados a los contribuyentes.
La medida generó un verdadero cimbronazo político en el Municipio gobernado por el intendente Lunghi (Cambiemos) que esperaba recaudar más de 50 millones durante el presente año. En principio, el fallo de la Corte únicamente suspende el cobro de la tasa al abogado que realizó la presentación, debido a que realizó una acción individual y no colectiva. Pero sentada la jurisprudencia se espera que los vecinos presionen para que la tasa sea derogada ante la presentación de una avalancha de presentaciones similares.
¿Inconstitucional?
El interrogante que se plantea es qué pasará si la Corte avanza en el tema y falla declarando la institucionalidad del cobro de tasas o adicionales municipales para Seguridad. Son muchos los municipios –entre ellos Cañuelas- que perciben una contribución destinada a colaborar en el financiamiento del servicio que brinda la policía.
Con la firma de los jueces Luis Genoud, Hilda Kogan, Héctor Negri, Eduardo Pettigiani y Eduardo de Lázzari, el alto tribunal no se expidió sobre la cuestión de fondo -la inconstitucionalidad de la tasa- pero acogió la cautelar que obliga al municipio a cesar en el cobro de esa tasa que rige desde principios de este año.
Sin embargo, el fallo abre un fuerte interrogante sobre la procedencia del cobro que realizan muchas comunas sobre ese mismo concepto.
En los últimos años, el Municipio de Cañuelas pudo -gracias a esos recursos- realizar una fuerte inversión en la compra de móviles y equipamiento para sostener a la Guardia Urbana y el Centro de Monitoreo. Una medida de dicha naturalezacomplicaría sin dudas el sostenimiento de un sistema sumamente honeroso.
